Para la mejora de la universidad pública

El pasado 12 de febrero de 2013, una Comisión de Expertos Independientes universitarios designada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, hizo público un informe titulado Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del Sistema Universitario Español. El 21 de noviembre siguiente, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) aprobó un documento de resumen y valoración de dichas propuestas, haciendo una valoración general positiva del Informe de la Comisión de Expertos.

Como presidente de un Consejo Social, miembro de dicha Conferencia y además de su Comité Ejecutivo y de su Comisión Académica, creo que tengo plena legitimación y derecho, cuando no el compromiso y obligación, de hacer llegar a la sociedad una propuesta seria, elaborada por expertos universitarios independientes, para la reforma y mejora de la Universidad Pública Española. Por tanto, no es una propuesta del Consejo Social de la UDC y tampoco una propuesta concreta para la UDC.

El modelo que plantea el Comité de Expertos y la CCS apoya, es la creación de un nuevo marco regulatorio que permita a las universidades ser más autónomas y operativas, y por tanto, más competitivas y excelentes. Esta nueva normativa sería en todo caso voluntaria. Si llegara a aprobarse, las universidades podrían escoger entre continuar con el anterior sistema de gobernanza o acogerse al nuevo marco. Por ello sorprenden ciertas reacciones de rechazo ante una regulación que sería en todo caso de asunción voluntaria.

En los últimos años se han publicado muy diversos informes sobre la calidad del sistema universitario y de su sistema de gobernanza. Todos los que yo conozco, con independencia del signo político que hayan tenido los gobiernos promotores, de la naturaleza de las instituciones emisoras y de los procedimientos que se hayan seguido para su elaboración (por cierto en su totalidad con intervención de expertos de las universidades), desde el realizado en el año 2011 por la Fundación Alternativas y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, hasta el antes citado del Comité de Expertos, pasando por alguno de carácter internacional como el de la Comisión de Expertos Internacionales dirigida por el Rector de la Universidad de Luxemburgo, R. Tarrach, Audacia para llegar lejos: universidades fuertes para la España del mañana, concluyen en la necesidad de emprender una reforma estructural del sistema universitario español y, concretamente, en que el actual sistema de gobernanza de la universidad pública española, que tuvo su sentido y un valor social innegable en un momento histórico determinado, ya no responde a las necesidades de una universidad en el siglo XXI. En esta línea, el informe de expertos propone reformas en la gestión del personal de las universidades, para la mejora de su calidad, en su sistema de gobierno y elección del rector, en su financiación y en el mapa de estudios y títulos universitarios.

Si alguna institución no debe rechazar el sano debate constructivo es la universidad. Todos los informes publicados, los rectores y los consejos sociales de las universidades públicas españolas, sabemos lo que es una universidad pública y nadie cuestiona su naturaleza y su contenido esencial. Pero hay que saber admitir las opiniones diferentes y algunos pensamos que la calidad de nuestras universidades de hoy es nuestra garantía del futuro, que el mundo cada vez cambia más en menos tiempo y que la sociedad no está siendo responsable dotando al sistema universitario de medios —de los cuales el sistema de gobernanza es el primero y más necesario porque es la base de la gestión y optimización del talento— adecuados al tiempo que nos ha tocado vivir.

Hay quien ha confundido el mensaje y ha tratado de convertir este tema en un enfrentamiento rector-presidente del Consello Social o en un cuestionamiento del modelo de gobierno de la UDC. Grave y lamentable error. El actual modelo de gobernanza de la UDC es el único posible en este momento, y me parece evidente la trayectoria y el compromiso de lealtad institucional y apoyo del Consello Social a la UDC y a su rector.

Esta es una opción: trabajar, aportar ideas, escuchar y opinar para mejorar entre todos una universidad pública que debe ser más excelente en su sistema de gestión y diversificar sus fuentes de financiación para poder investigar, transferir al sector productivo y convertirse en verdadero motor del desarrollo económico y social. La sociedad española lo necesita imperiosamente. La otra opción es callarse y que las cosas sigan como hasta ahora. ¿Preferimos esta?

Artículo publicado el 25 de mayo de 2014 en La Voz de Galicia

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