Reformas para una universidad excelente

Artículo publicado en el diario El Mundo, en su edición del 29 de junio de 2017.

El pasado lunes, tres instituciones –la Cámara de Comercio de España, la Fundación Conocimiento y Desarrollo y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas– presentamos las conclusiones de un ambicioso proyecto de investigación sobre las reformas estructurales llevadas a cabo recientemente en sistemas universitarios de países europeos comparables. Resulta relevante la legitimidad social que aúnan las tres organizaciones. Por un lado, por lo que implica de suma de empresas y, en especial, el compromiso de las más relevantes por la llamada tercera misión universitaria, esa gran asignatura pendiente de la economía española que es la puesta en valor productivo y consiguiente generación de riqueza social y empleo de la mucha y buena investigación que hacen nuestras universidades. Por otro, por los diferentes estamentos sociales representados en los consejos sociales, nuestros órganos de participación de la sociedad en el gobierno de la universidad. Por tanto, una primera afirmación parece evidente: frente a la excesiva distancia y falta de compromiso que ha caracterizado la relación entre nuestra sociedad y su universidad, es hora de sumar esfuerzos y preocuparnos y ocuparnos más de la excelencia de nuestras universidades.

La segunda conclusión es que, en un mundo que vive no ya una época de cambios sino un cambio de época, algunos países han sabido poner los medios para que sus universidades tengan los sistemas de gestión adecuados para hacer frente a las exigencias competitivas de un entorno global, donde nada puede sustituirlas en la formación del talento de las personas, que es el verdadero motor del desarrollo económico social y, por tanto, de nuestro bienestar.

El análisis de las reformas llevadas a cabo refleja claras líneas comunes que trazan un camino consistente. Entre otras, la mayor implicación de la sociedad en la gestión de sus universidades, con un órgano de gobierno que incorpora, con las debidas garantías, personas externas y entre cuyas responsabilidades está la designación de un rector, no necesariamente proveniente de la propia universidad, según criterios de mérito y capacidad, entre otros, de gestión…; el incremento de la financiación por objetivos y calidad; mayor autonomía operativa, en especial para la contratación laboral de profesores e investigadores; fortalecimiento de la profesionalización y de las competencias de la dirección; y mejora de la rendición de cuentas. Todos los estudios recientes que han analizado el gobierno y la financiación de nuestras universidades públicas concluyen que son urgentes estas mejoras que les permitan alcanzar mayor nivel de excelencia internacional. Los interlocutores y las responsabilidades están claros, ahora es cuestión de que seamos capaces de poner todos voluntad, esfuerzo, generosidad y grandeza de miras.

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