Artículo publicado como prólogo del libro ‘Incentivos fiscales al mecenazgo y a la investigación en la Universidad’, elaborado por un grupo de expertos coordinados por Víctor Manuel Sánchez Blázquez, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Los consejos sociales, los equipos de dirección de las universidades, las fundaciones universitarias y las asociaciones de amigos y antiguos alumnos de la universidad vienen impulsando iniciativas diversas para promover el mecenazgo universitario. Las acciones más frecuentes que se hacen al respecto son la realización de gestiones directas para la captación de patrocinadores y donantes, el estímulo a la elaboración de planes específicos de mecenazgo en el seno de las universidades, la creación de unidades especializadas para la captación de recursos externos, la organización de jornadas destinadas a analizar y debatir el potencial de este tipo de financiación o la concesión de premios al mecenazgo empresarial para reconocer públicamente esta labor desinteresada. Gracias a ello, las universidades han podido acometer algunas acciones emblemáticas, como el desarrollo de programas formativos y proyectos de investigación, la restauración o el acondicionamiento de instalaciones o la incorporación de nuevo equipamiento científico y patrimonio cultural a los campus, lo cual ha repercutido no solo en la mejora de las actividades universitarias sino también en la profundización de las relaciones entre la universidad y los agentes sociales.
Sin embargo, los frutos que se han podido recoger de esta siembra de buenas prácticas de mecenazgo universitario siguen siendo muy limitados, no consiguiéndose que estos esfuerzos voluntaristas logren tener un efecto multiplicador en la sociedad española. Es cierto que en el reducido impacto que tiene el fundraising pesan mucho las inercias del pasado, pues en nuestro país apenas se ha cultivado una cultura filantrópica sostenida en el tiempo y en nuestras universidades públicas tampoco existe tradición en materia de captación de recursos privados. Pero en el empeño de superar las rémoras heredadas con apuestas innovadoras de futuro, lo que en el presente está condicionando la participación de particulares y todo tipo de entidades en la financiación universitaria es la inexistencia de un régimen fiscal verdaderamente atractivo para los potenciales donantes, patrocinadores y colaboradores de la universidad. Por ello en todos los foros públicos que se han mantenido sobre el tema se viene insistiendo mucho en la necesidad de que España acometa de una vez por todas una amplia reforma de su actual régimen fiscal con el propósito de mejorar los incentivos a la participación privada en las actividades universitarias y hacer que estas adquieran la condición de destino prioritario del mecenazgo.
Conscientes de nuestro deber de ejercer como elemento de interrelación entre la sociedad y la universidad, desde la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas nos hemos propuesto promover esta necesaria reforma del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Tras un primer «Informe resumen sobre políticas y estrategias para la captación incentivada de fondos privados y mecenazgo» presentado en junio de 2017, nuestra Conferencia, a iniciativa de su Comisión de Transferencia y Relaciones con la Sociedad, se fijó como siguiente paso concretar el sentido y alcance que debían tener las modificaciones normativas que los consejos sociales pudiéramos recabar de los poderes públicos para mejorar la financiación privada de las universidades. Para ello se constituyó una comisión técnica que, bajo la coordinación de Víctor Manuel Sánchez Blázquez, reunió a José Pedreira Menéndez, Isidoro Martín Dégano, Alejandro Blázquez Lidoy, José Manuel Pérez Lara e Ignacio Pérez de Albéniz. Su tarea consistía en la elaboración de un informe sobre Incentivos fiscales al mecenazgo y a la investigación en la universidad que, a modo de «Libro blanco», sirviera no solo para hacer una revisión a fondo de las carencias y limitaciones existentes en nuestro actual régimen jurídico, sino también para proponer un conjunto de medidas concretas que orientaran nuestras actuaciones futuras en esta materia con la vista puesta en el fortalecimiento financiero de nuestras universidades.
El fruto de la labor encomiable realizada por este equipo de trabajo, después de meses de reflexión y debate, lo queremos difundir ahora al conjunto de la sociedad española con esta publicación. El exhaustivo diagnóstico que aquí se hace sobre la situación actual de las donaciones, el mecenazgo empresarial, la participación privada en I+D+i y las formas jurídicas de organización y cooperación universidad-empresa, partiendo de su actual marco normativo en el Derecho Comparado y deteniéndose en la identificación de los problemas que se han detectado en la práctica, ha dado pie a la formulación de quince propuestas concretas que, de llevarse a la práctica con voluntad y decisión por parte de los poderes públicos, pueden marcar un punto de inflexión en la financiación privada con destino a la universidad. Ahora que ya tenemos el rumbo fijado, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas redoblará sus esfuerzos en aras de conseguir que en nuestro país dispongamos de un régimen fiscal realmente facilitador y estimulador de la participación de personas físicas y todo tipo de entidades jurídicas en el desarrollo de las actividades universitarias.
En la sociedad del conocimiento en que nos desenvolvemos resulta imprescindible posibilitar un mecenazgo activo al servicio de nuestros grandes centros de producción de conocimiento y talento. La formación de capital humano y científico es una inversión de futuro muy rentable, pero tan costosa de sostener en el día a día que, además de una financiación pública suficiente y estable, también requiere de un importante caudal de recursos privados que se sientan debidamente estimulados y reconocidos por su contribución al interés colectivo. Esperamos que las propuestas que aquí se hacen con este propósito cuenten con el respaldo de todos los agentes universitarios y, especialmente, de los responsables públicos a quienes corresponde la tarea de mejorar nuestra legislación actual para adecuarla a las nuevas exigencias sociales y poder así quebrar nuestra querencia histórica a la débil práctica del fundraising en un país de parco despliegue filantrópico.
