Artículo publicado en el número 367 de la Revista de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), correspondiente a los meses de enero y febrero de 2023.
El pasado día 22 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Nuevamente hay que lamentar que no hayamos sido capaces de hacer una ley en materia de educación respaldada por un Pacto de Estado que garantizaría su aceptación social y permanencia en el tiempo. Una nueva ley universitaria era necesaria porque Europa la exige como condición para el reparto de los fondos Next Generation, pero, además, consciente de las insuficiencias del actual sistema universitario español, nos pone condiciones; entre ellas, configurar “the good governance of university institutions” y mejorar la relación entre universidad y empresa. En definitiva, superar el actual aislamiento de la universidad pública española, motivado por su absurdo sistema de autogobierno de quienes trabajan y estudian en ella (único en el mundo y totalmente alejado de los modelos de éxito europeos) y por la irrelevante participación de la sociedad en su gestión.
El tema que se plantea es de indudable repercusión social. Se trata de poner fin al principal condicionante de la excelencia de nuestra universidad pública, permitir que pueda sacar partido del inmenso talento de sus personas, gestionándolo con competitividad y meritocracia, sin las trabas del corporativismo y de la endogamia actuales, y superar esa eterna asignatura pendiente de la economía española que es la excesiva distancia y escasa cooperación entre investigación pública y empresa, y cuyas consecuencias son bien conocidas: duodécimo país del mundo en publicaciones científicas (de las cuales la universidad hace entre el 60% y el 70%) y en el entorno de la posición trigésima en los rankings de innovación y competitividad mundial.
Sorprendentemente, la nueva LOSU incumple las exigencias de Europa y el Ministerio de Universidades llega al extremo de ignorar un reciente informe de la OCDE, la “Hoja de Ruta para la mejora de la transferencia de resultados y la cooperación entre ciencia pública, universidad y empresa”, pedido por el propio Gobierno de España, y que realiza una dura crítica sobre el actual sistema de gobernanza universitaria, cuestionando la poca participación que hoy tiene la sociedad española en ella y la forma en que las universidades definen sus misiones y utilizan los recursos públicos, y plantea una necesaria transformación completa del actual sistema para dar voz de manera efectiva a representantes de los intereses sociales externos a la universidad en el diseño de la estrategia universitaria, fortaleciendo de manera real el papel y capacidades de los Consejos Sociales. En un ejercicio de incoherencia política imposible de entender, solo dos días antes, el 20 de diciembre, el Gobierno aprobaba un “Plan de Transferencia y Colaboración: La ciencia y la innovación al servicio de la sociedad”, en el que asume el diagnóstico de la Hoja de Ruta de la OCDE y, entre otras, la recomendación de “Rediseñar los sistemas de gobernanza de universidades y centros públicos de investigación para aumentar su compromiso con la sociedad” (sic).
Al final, nos encontramos ante una ley que da prioridad a componendas políticas e intereses corporativos de los estamentos universitarios, en detrimento de la necesaria excelencia del servicio público de educación superior al que se debe una universidad pública que todos los ciudadanos financiamos muy mayoritariamente con nuestros impuestos. Al renunciar a cambiar la gobernanza de la universidad española y aproximarla a los modelos de éxito europeos y mundiales, va a seguir condenándola a ser una excepción en el mundo, limitando su necesario papel de motor del desarrollo económico y social.
