Transcripción del discurso pronunciado el 17 de diciembre de 2020 durante la presentación del Informe CYD 2019, sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo.
Buenos días, presidenta de la Fundación, presidente de su Comité Ejecutivo, presidente de CRUE Universidades Españolas, amigas y amigos.
En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación CYD por su invitación a participar en este acto de presentación de su Informe correspondiente al año 2019. Lo hago, sobre todo, como miembro de su Patronato y presidente de la Comisión de Documentos y Proyectos. Un honor y un placer, disfrutar, que no trabajar, con nuestro vicepresidente Paco Solé, con nuestra directora gerente Sonia Martínez, con el coordinador del informe que hoy presentamos, Martí Parellada, y con el resto de los miembros de la Comisión, todos unidos por nuestro afán de hacer país haciendo universidad.
Nuestras reuniones son aire puro universitario y eso es muy de agradecer siempre, y aún más en estos tiempos convulsos y agitados, en los que, por cierto, hay que reconocer el meritorio esfuerzo de nuestras universidades para acometer su transformación tecnológica y hacer frente al reto de la enseñanza online en condiciones muy precarias.
Siempre digo, con orgullo, que el Informe CYD es la Biblia de la tercera misión universitaria y sus resúmenes ejecutivos, joyas de la literatura académica que, con una fácil lectura, permiten tener una visión realista e independiente de la situación de nuestra universidad. En cualquier caso, un continuo paso adelante para aprobar esa eterna asignatura pendiente de la economía y de la sociedad española, porque seguimos siendo una gran potencia en producción científica, pero trasladarla al mercado, a través de la transferencia del conocimiento, sigue siendo un reto que no acabamos de superar.
Si estamos entre los primeros países del mundo en publicaciones científicas y nos quedamos en torno a la posición 30 en competitividad e innovación, deberíamos asumir de una vez por todas que no es un problema de talento ni de personas, sino de cultura y de ecosistema de gestión.
Otro informe importante y hermano del nuestro, el de la Fundación COTEC para la Innovación 2020, vuelve a insistir en el problema que representa la limitada colaboración público-privada en España: el sector público financia el 85% de su propia I+D y el sector privado el 83% de la inversión empresarial en I+D. Concretamente, en el ámbito de las universidades, el sector público financia el 90% de su inversión en I+D. Es decir, a pesar de que sus objetivos convergen (el necesario desarrollo económico y social, la creación de puestos de trabajo y, en definitiva, nuestra felicidad y bienestar social) lo público y lo privado, también en el sector educativo, siguen siendo, en buena parte, dos vías de tren que van en paralelo.
No sin razón se le ha echado la culpa de esta situación a una autogestión universitaria que viene del siglo pasado y que ha encerrado a la Academia en sí misma, creando una excesiva distancia con una sociedad que, sin embargo, la financia mayoritariamente con sus impuestos y a la que presta, en beneficio de todos, el servicio público de educación superior. Pero ya va siendo hora de que la sociedad y, en concreto sus empresas, asuman, asumamos, nuestra parte de responsabilidad, pasemos a la acción y nos comprometamos más con la excelencia universitaria, si no como parte necesaria de los diferentes modelos de negocio, sí al menos como muestra de ese compromiso social añadido que toda empresa debe tener.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) aprobó en 2017 el ‘Libro Blanco de los empresarios españoles. La educación importa’. En él analiza los déficits básicos del sistema educativo y propone diez propuestas clave para darles solución. Entre estas, la octava pide “intensificar los vínculos recíprocos entre educación y empresa y el protagonismo del empresariado en la gobernanza ejecutiva de la formación para el ejercicio de la profesión” y, en concreto, “incorporar las organizaciones empresariales e implicarlas en la gobernanza de las instituciones universitarias, particularmente en aquellas orientadas hacia el sistema productivo”. El papel lo aguanta todo, pero para actuar no podemos esperar más, hay que romper la brecha entre oferta de titulaciones y demanda laboral y facilitar la transición de la educación al empleo y eso solo se puede hacer con colaboración universidad-empresa. La Fundación CYD, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y la Cámara de Comercio de España son tres ejemplos de compromiso firme con esa colaboración que es clave para el futuro de España. Banco Santander es la empresa del mundo con más compromiso con la universidad, magnifico mérito, pero no muchas empresas en España saldrían airosas de un examen en esa asignatura pendiente de la sociedad española que es la colaboración público-privada.
Por eso, hay que pedirle al Ministerio responsable de la Universidad, hoy al Ministerio de Universidades, que cuente, desde el minuto cero, con nosotros como interlocutores activos de la universidad española, porque trabajamos en la dirección adecuada para el interés del país.
Si hacemos lo que hay que hacer, y ojalá que sea con un pacto de Estado que garantice estabilidad y permanencia, en el año 2021 deberíamos acometer reformas estructurales profundas que permitan a nuestra universidad estar mejor financiada y hacer frente a los retos que plantea este mundo global, competitivo, tecnológico, necesariamente sostenible y extraordinariamente cambiante, que nos ha tocado vivir.
El informe que hoy presentamos es rico en aportaciones, estudios y artículos en esa línea. Entre ellos, uno de quien fue vicerrector de la universidad de Barcelona, dos años y medio presidente del CSIC, rector de la Universidad de Luxemburgo desde 2005 hasta 2014, y desde 2015 hasta 2019 presidente de la European University Association, con sede en Bruselas y Ginebra, asociación de más de 800 universidades europeas y de las conferencias de rectores de 33 países europeos.
Bajo el título ‘Gobierno universitario, el eslabón esencial‘, Rolf Tarrach dice lo siguiente: “Aquí trataré del gobierno universitario, porque sin su reforma no veo posibilidades realistas de mejorar eficaz y eficientemente el sistema universitario español. Todo lo demás que se deba hacer para ponerlo al día, para reforzarlo, tiene pocas posibilidades de éxito con el sistema de gobierno universitario actual. Hay que empezar pues por lo primero, por quienes dirigen la universidad. Obviamente el éxito de cualquier marco legal depende in fine de las personas que ocupan los cargos de dirección, del personal y de las relaciones entre ellos. El sistema de gobierno universitario actual, que considero sin ambages inadecuado, puede dar buenos resultados si las sinergias entre líderes y personal son suficientemente constructivas y hay ejemplos en España que lo corroboran. Pero no se trata de tener un sistema que funcione «por chiripa» sino un sistema que funcione en general”.
Termino ya con una conclusión que, en realidad, son varias: prioridad de la inversión en la educación en general y en la universidad en particular, apuesta por la transmisión del conocimiento, investigación, transferencia de resultados, sí, pero además gestión, porque lo más importante es sacar el máximo partido, con meritocracia y competitividad, del talento de las personas.
Muchas gracias.