El Tribunal de Cuentas analiza la situación de las universidades públicas
El Tribunal de Cuentas ha analizado la situación financiera de la Educación Superior en España repasando el estado actual de las 47 universidades públicas presenciales y las dos no presenciales (Uned y Oberta de Cataluña). El informe “Fiscalización de las Universidades Públicas, Ejercicio 2012”, realizado a instancias del Congreso, se fija en cuatro ámbitos de fiscalización concretos: organización, actividad económico-financiera, gestión de la actividad docente e investigadora y financiación y costes de la Universidad.
Además, presta especial atención a las entidades dependientes y vinculadas, el control interno de la gestión, la aprobación y ejecución presupuestaria, los gastos de personal y la actividad docente. En el mismo se constantan deficiencias en relación con “aspectos contables y presupuestarios, como los relativos al remanente de tesorería, y se confirma la falta de implantación en todas las universidades analizadas de un sistema de contabilidad de costes, obligatorio legalmente a partir del curso 2015/16”.
El organismo de control destaca en su informe el elevado número de entidades dependientes o vinculadas y alerta de la “sustracción de la función supervisora que deben ejercer los consejos sociales sobre estas entidades”. Señala que “en muchas ocasiones, y como consecuencia de la consideración de las entidades, se excluye al Consejo Social de su participación en la aprobación de los presupuestos de las mismas y de sus cuentas, a pesar de su dependencia mayoritaria de las universidades públicas y de lo establecido en las leyes y los propios Estatutos, o bien dicha aprobación se produce con mucho retraso”.
La Conferencia de Consejos Sociales, a través de la Comisión Económica, ha estudiado el contenido del Informe de fiscalización, estando pendiente el debate de diferentes propuestas. Según los datos presentados por el Tribunal, el endeudamiento total del sector universitario analizado alcanza los 620 millones de euros, “mientras que de la evolución agregada de las cuentas del resultado económico-patrimonial del conjunto de universidades públicas se observa que el ejercicio 2011 se sitúa como un punto de inflexión en el que, si bien en los ejercicios anteriores el ahorro logrado se mostraba decreciente pero positivo, en este y en 2012 se vuelven claramente negativos”.
El informe incorpora también una serie de recomendaciones, entre las que destaca, entre otras, la necesidad de incrementar el control interno de las universidades y de que estas instauren un sistema de contabilidad analítica que incremente la transparencia de sus cuentas, la gestión del personal, así como los costes de los distintos estudios, en línea con el decreto de reforma universitaria de abril de 2012.
Además, se señala que “sería deseable que, en la actualización de la normativa que desarrolla el régimen de dedicación de los cuerpos docentes universitarios, se tenga en cuenta que la excelencia aplicable a la investigación no se realice en detrimento de la excelencia docente”.