La innovación como clave de la mejora efectiva de la regulación pública
En el marco del curso «Innovación en la Administración pública» organizado por la UIMP Galicia, Carlos Aymerich, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, ahondará en el buen gobierno regulatorio. Hablamos con él sobre los retos en la gestión de las administraciones públicas y de la UDC.
Su intervención en el curso gira alrededor de la innovación y el buen gobierno regulatorio. ¿Cómo se conjugan los dos elementos?
La denominada «better» o «smart regulation», según adoptemos la terminología de la OCDE o la de la UE, se inscribe en la política económica de la oferta según la cual la reducción de la intervención pública -privatizando, desregulando o adoptando formas de gestión privada en los servicios públicos- incrementa la oferta agregada y, de ese modo, promueve el crecimiento económico. La teoría de la «better regulation» vendría a decir que la reducción de la regulación pública y, en todo caso que esa regulación pública se limite a facilitar el juego de las fuerzas del mercado, supondrá un incremento de la actividad económica y del empleo. Cuestión que, en cualquier caso, está lejos de quedar empíricamente demostrada. No significa, por supuesto, que no haya elementos positivos en la racionalización de la actividad de regulación de los poderes públicos. Instrumentos como la evaluación de los proyectos normativos (impacto), la necesidad de explicar claramente cuáles son los objetivos de interés público que con ellos se trata de lograr, la aplicación de los principios de proporcionalidad y de eficiencia, la participación pública y la planificación de esa actividad pueden mejorar la calidad y la eficacia de la regulación pública. Ese será, a mi ver, el elemento realmente innovador en el ejercicio de la potestad reglamentaria y de la iniciativa legislativa de los poder públicos.
¿Cuáles cree que son los retos de la gestión de las administraciones públicas?
En el ámbito concreto de la calidad regulatoria tomar en serio lo que, refundiendo legislación anterior, establecen ahora las leyes 39 y 40/2015. Eso va a depender, por supuesto, de que la jurisdicción contencioso-administrativa considere que esos principios y trámites son condición de validez de las normas y de los proyectos legislativos.
¿Hacer los procesos más ágiles pasa por contar con una Administración electrónica y la automatización?
La simplificación administrativa y la eliminación de cargas burocráticas innecesarias es un objetivo de cualquier iniciativa de modernización de la Administración y, desde luego, la administración electrónica puede ser -de hecho, ya está siendo- una vía para lograr esos objetivos. Con todo, desde mi punto de vista, la eliminación de trámites debe preservar algo fundamental: la posibilidad de que en el procedimiento estén presentes y puedan contrastarse todos los intereses afectados.
Como profesor de la UDC, ¿qué camino cree que debe seguir la universidad como institución para adaptarse a los nuevos tiempos?
En la UDC, y en el conjunto del SUG a través del consorcio interuniversitario, estamos trabajando en la modernización de la gestión universitaria, aprovechando la extensión de la administración electrónica para repensar y simplificar procedimientos. Tenemos pendiente, y como secretario general de la UDC decir esto es asumir el compromiso de hacerlo, aplicar los principios y los procedimientos de calidad regulatoria a nuestra actividad normativa.
¿Considera que la universidad precisa mayor profesionalización? ¿Cuáles serían los cambios para llevarlo a cabo?
La universidad precisa adaptar los requerimientos de los puestos de trabajo, tanto del PDI como del PAS, a un entorno de innovación y cambio permanente. Esto requiere cambiar algunas mentalidades y una labor permanente de capacitación y actualización del personal administrativo y docente.